Biblioteca de recursos

Este abril, Sudán conmemoró un doble aniversario: el primero, la revolución de 2019 que derrocó el régimen represivo de décadas del presidente Omar al Bashir; el segundo, el estallido de la guerra civil que ha devastado el país desde 2023. Estas efemérides de tanto contraste traen consigo grandes esperanzas y un profundo dolor. También plantean preguntas apremiantes: ¿Cuánto tiempo tendrá que sufrir Sudán mientras la atención mundial parece darles la espalda? ¿Hasta cuándo seguirán silenciadas las voces de los sudaneses que anhelan la paz y la justicia?

Desde 2014, el conflicto en Yemen ha causado cientos de miles de muertes, desplazado a millones, destruido la economía y exacerbado la marginación sistémica, creando una de las peores catástrofes humanitarias del mundo. Sin embargo, actualmente, la justicia transicional y la reconciliación ocupan un lugar precario en el panorama político yemení. En este contexto, el ICTJ ha publicado un nuevo informe que explora las vías para una paz justa y sostenible en Yemen.

La transición de Sudán del Sur hacia un gobierno democrático mediante las primeras elecciones generales de su historia desde la independencia, tendrá que esperar dos años más. A pesar de esta última prórroga, el país ha logrado importantes hitos en su proceso de justicia transicional.

Del 2 al 6 de diciembre de 2024, la Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), el órgano legislativo y de supervisión administrativa de la corte, celebró su 23.° período de sesiones en La Haya. Como en años anteriores, el ICTJ participó activamente y sus expertos se sumaron a muchos de los debates, compartiendo sus conocimientos y perspectivas. El ICTJ organizó dos eventos paralelos, uno centrado en las víctimas sirias y otro en las reparaciones a las víctimas del norte de Uganda.

El ICTJ acompañó a más de 10 víctimas sudanesas a la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya para asistir a las declaraciones finales en el caso El Fiscal contra Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman ("Ali Kushayb"). Las declaraciones tuvieron lugar del 11 al 13 de diciembre. El ICTJ apoyó a la CPI en la selección de las partes interesadas, que fueron elegidas por sus fuertes vínculos con las comunidades afectadas.

En febrero de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió su tan esperada orden de reparación en el caso contra Dominic Ongwen. Casi dos décadas después de que la CPI interviniera en el norte de Uganda, esta decisión histórica reconoce el sufrimiento de los sobrevivientes y subraya las complejidades y limitaciones de la justicia internacional. Para las víctimas que han esperado justicia durante más de dos décadas, la orden ha sido agridulce.

En los países donde las instituciones estatales tienen un alcance limitado, la justicia comunitaria e informal suele ser la forma más común para que las personas resuelvan sus disputas y busquen justicia. Este tipo de justicia es un elemento importante de un enfoque centrado en las personas que busca construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Sin embargo, la comprensión de la relación entre la justicia comunitaria y la justicia transicional ha sido poco desarrollada. Un nuevo informe del ICTJ proporciona una valiosa investigación empírica y cualitativa sobre el tema, en el contexto de Sudán del Sur.

En esta era de transformación tecnológica, es vital desarrollar estrategias digitales para documentar violaciones de derechos humanos, analizar datos con fines de rendición de cuentas o reparación y defender los derechos humanos de manera segura en línea. Esto es particularmente cierto en contextos donde las víctimas, los actores de derechos humanos y los miembros de los medios de comunicación viven con miedo. Con este fin, el ICTJ ha ofrecido capacitaciones para activistas de derechos humanos en países de habla árabe afectados por conflictos sobre herramientas de investigación de código abierto para ayudarlos a hacer su trabajo de manera más eficaz.