Nueva York, 12 de noviembre de 2024— En los países donde las instituciones estatales tienen un alcance limitado, la justicia comunitaria e informal suele ser la forma más común para que las personas resuelvan sus disputas y busquen justicia. Este tipo de justicia es un elemento importante de un enfoque centrado en las personas que busca construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Sin embargo, la comprensión de la relación entre la justicia comunitaria y la justicia transicional ha sido poco desarrollada.
Hoy, el ICTJ publica un nuevo informe que ofrece una valiosa investigación empírica y cualitativa sobre el tema, en el contexto de Sudán del Sur. El informe, titulado 'Un cierto grado de paz': cómo abordar la violencia entre comunidades por medio de la justicia comunitaria en Sudán del Sur“, se basa en decenas de entrevistas cons actores, entre ellos jefes, líderes comunitarios, educadores, representantes de la sociedad civil y abogados.
El informe sostiene que, si bien la justicia comunitaria no fue concebida para abordar las violaciones graves de los derechos humanos vinculadas a los conflictos entre comunidades, puede desempeñar un papel importante en la resolución de disputas y la reparación de las relaciones, incluso aplicando prácticas de reconocimiento, compensación y rendición de cuentas. Sin embargo, la violencia tiene un alto nivel de complejidad y existe una falta de claridad sobre el papel adecuado de la justicia comunitaria que limita su valor.
“En países como Sudán del Sur, que se enfrentan a años de conflicto y a instituciones estatales débiles, los mecanismos de justicia comunitaria se enfrentan a importantes desafíos relacionados con la seguridad, la discriminación de género, la politización y la capacidad limitada para hacer cumplir las decisiones”, explicó Agatha Ndonga, directora del programa del ICTJ en Sudán del Sur y autora del estudio. “Aun así, estos mecanismos a nivel local son una fuente principal de justicia para la población y pueden tener el potencial de complementar un proceso de justicia transicional a nivel nacional”.
El nuevo informe sugiere que el marco de justicia transicional de Sudán del Sur establecido por el acuerdo de paz de 2018 ofrece oportunidades para desarrollar un enfoque híbrido que utilice tanto la justicia comunitaria como la formal, tenga en cuenta la complejidad de la violencia y ofrezca claridad, apoyo y orientación tanto para el gobierno como para los actores de la justicia comunitaria. Este potencial es especialmente claro en lo que respecta a la Comisión para la Verdad, la Reconciliación y la Sanación (CTRH), que tiene la tarea de supervisar los procesos de justicia comunitaria para facilitar la verdad, la reconciliación, la sanación y la reparación.
“Dada la complejidad y la magnitud del conflicto y las demandas de las víctimas en Sudán del Sur”, dijo Anna Myriam Roccatello, directora ejecutiva adjunta y directora de programas del ICTJ, “se debe buscar la complementariedad entre el CTRH y los procesos locales de paz y justicia. El CTRH puede brindar orientación a los mecanismos de justicia tradicionales y a los procesos de paz subnacionales sobre las iniciativas para esclarecer la verdad, en particular instándolos a que se adhieran a un enfoque centrado en las víctimas”.
El informe concluye con recomendaciones para que el CTRH y otras partes interesadas aborden estos desafíos, aprovechen las oportunidades y adapten la justicia consuetudinaria de una manera centrada en las víctimas en el contexto de la compleja violencia intercomunitaria. Como explicó uno de los encuestados en el estudio: “Con la adaptación necesaria, basada en las percepciones y aspiraciones de la comunidad, la justicia comunitaria tiene el potencial de contribuir a la consecución de cierto nivel de paz en Sudán del Sur”.
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FOTO: Miembros de la comunidad participan en una sesión judicial tradicional apoyada por el PNUD en la ciudad de Torit, en el estado de Equatoria Oriental, Sudán del Sur, en mayo de 2016. (Foto@undp/southsudan)
