El 6 de octubre, la Corte Penal Internacional (CPI) declaró culpable al exlíder Janjaweed, Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (también conocido como Ali Kushayb), de 27 cargos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur entre agosto de 2003 y marzo de 2004. En este veredicto histórico, la Sala de Primera Instancia I de la CPI concluyó por unanimidad que perpetró directamente, fue cómplice y ordenó asesinatos y torturas en su calidad de líder de la milicia.
El veredicto es histórico por tres razones. Primero, es el primero de seis casos relacionados con crímenes en Darfur, bajo la jurisdicción de la CPI, que llega a juicio. Segundo, es el primer caso remitido a la CPI por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que se somete a juicio. Por último, es la primera condena de la Corte por persecución por motivos de género, incluyendo la violación como crimen de guerra y crimen de lesa humanidad.
El veredicto rompe con los ciclos de impunidad en Darfur y envía un mensaje contundente: estos crímenes no se toleran. Reafirma la dignidad de las víctimas, otorgándoles la justicia que han exigido durante dos décadas. Reconoce su derecho legal a reparaciones para ayudar a sanar sus heridas físicas y emocionales.
A lo largo del juicio, muchas víctimas testificaron en circunstancias sumamente dolorosas. Mientras relataban los horrores que habían sufrido, el acusado permanecía impasible, mirando ocasionalmente su reloj, ajustándose la corbata o contemplando la pantalla donde se mostraban las pruebas de sus crímenes. Para quienes lo volvieron a ver veinte años después, esta actitud hizo la experiencia aún más angustiosa.
Sin embargo, las víctimas persistieron. A pesar del trauma de revivir la violencia y los riesgos para su seguridad, participaron en el proceso con una valentía extraordinaria. Un total de 1.591 víctimas pudieron participar, y sus voces fueron transmitidas a través de su representante legal. Incluso al ver ante sí al hombre que había causado tanto sufrimiento, respetaron su derecho al debido proceso, demostrando la sinceridad y la profundidad moral de su compromiso con la verdadera justicia. Sin su valentía y participación activa, esta condena habría sido mucho más difícil de lograr.
Tras concluir el juicio el 13 de diciembre, las víctimas esperaron en silencio, con ansiedad e incertidumbre sobre si se haría justicia. Cuando llegó el veredicto de culpabilidad, se confirmó su larga y dolorosa fe en el proceso.
Si bien el veredicto marca un punto de inflexión innegable, al pueblo sudanés le resulta difícil celebrarlo. El 15 de abril de 2023 estalló un nuevo y brutal conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), la reencarnación de la misma milicia Janjaweed que Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman lideró hace dos décadas, que desde entonces ha devastado el país y generado la peor crisis humanitaria y de desplazamiento del mundo.
Recientemente, el 26 de octubre, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) capturaron El Fasher, en el estado de Darfur del Norte, tras un asedio de 18 meses. Poco después, surgieron informes creíbles sobre atrocidades generalizadas, incluyendo ejecuciones sumarias, ataques por motivos étnicos contra civiles y violencia sexual a gran escala. En un solo día, las FAR asesinaron a más de 460 pacientes, entre ellos niños y mujeres embarazadas, en el único hospital en funcionamiento de El Fasher. Se desconoce la cifra exacta de víctimas, pero se teme que miles hayan muerto en toda la ciudad. Imágenes satelitales captaron evidencia de las matanzas. Además, miembros de las FAR han estado publicando videos de los asesinatos en redes sociales para atemorizar a la población local. Las FAR ya habían declarado su intención de formar un gobierno paralelo en los territorios que controlan, y la captura de El Fasher ha intensificado los temores sobre una posible fragmentación del país.
Para la población civil, la situación es desesperante. Se ha declarado hambruna en varias zonas y, por segunda vez en 20 años, han surgido informes de genocidio. Los crímenes que se están cometiendo atentan contra la humanidad entera. Sin embargo, la difícil situación de las víctimas sigue, en gran medida, sin ser documentada.
Sudán es un crudo recordatorio de lo que sucede cuando la impunidad ante las atrocidades se arraiga. La sentencia de la CPI tiene un enorme peso simbólico y puede modificar los cálculos políticos de quienes ostentan el poder en Sudán, que ahora saben que, tarde o temprano, deberán rendir cuentas por sus crímenes. Sin embargo, un veredicto de culpabilidad no puede, por sí solo, romper los ciclos de violencia que han asolado Sudán desde su independencia, ni puede sanar las profundas heridas intergeneracionales infligidas a la población civil.
Se necesitan reformas sistémicas para garantizar la no repetición de estos hechos, restablecer el estado de derecho y reconstruir la confianza en las instituciones estatales, que durante demasiado tiempo se han utilizado en contra de la ciudadanía sudanesa. El pueblo sudanés debe contar con un espacio seguro para diseñar su propio camino hacia la justicia, incluyendo procesos judiciales y extrajudiciales (como iniciativas de búsqueda de la verdad, reformas institucionales y reparaciones) y renegociar un contrato social más inclusivo. Lamentablemente, el conflicto actual les está arrebatando esa capacidad de decisión.
La CPI es una de las pocas vías que quedan para la rendición de cuentas y la reparación. Con la CPI y el derecho internacional bajo ataque, la defensa de la justicia se ha convertido en una responsabilidad colectiva. Como observadores, votantes y líderes, no podemos mirar hacia otro lado. Las víctimas sudanesas llevan demasiado tiempo exigiendo justicia incansablemente.
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FOTO: Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman se sienta ante la Sala de Primera Instancia I de la Corte Penal Internacional mientras esta emite su veredicto de culpabilidad el 6 de octubre de 2025. (CPI-CPI)
