Desde mucho antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, Moscú ha difundido desinformación para justificar su agresión. El presidente ruso Vladimir Putin ha justificado repetidamente la invasión afirmando falsamente que se trataba de un ataque preventivo contra la amenaza de agresión ucraniana, impulsada por la ideología neonazi y respaldada por Estados Unidos y sus aliados. Estas declaraciones de los dirigentes rusos sostienen suposiciones subyacentes de que Ucrania no es una nación soberana, y su condición de Estado está condicionada a una alianza con Rusia.
Expertos y observadores han intentado descifrar los verdaderos objetivos de Rusia e identificar vías para poner fin a la guerra. Mientras tanto, aprovechando las redes sociales y otras plataformas digitales, Rusia ha seguido difundiendo ampliamente información falsa con el fin de disminuir el apoyo internacional a Ucrania, especialmente en Estados Unidos.
A lo largo del conflicto actual, Moscú ha apuntado a las redes de medios de comunicación de derechas, lo que ha llevado a varios destacados comentaristas conservadores a amplificar la desinformación rusa. Por ejemplo, en 2022, el comentarista Tucker Carlson promovió historias falsas en Fox News sobre Ucrania desarrollando armas biológicas. En 2024, los fiscales federales de Estados Unidos presentaron una acusación en la que alegaban que los medios de comunicación estatales rusos financiaron a una empresa de medios de comunicación estadounidense vinculada a un grupo de influyentes conservadores para producir vídeos destinados a debilitar el apoyo público a Ucrania en Estados Unidos. De vuelta en Rusia, los medios de comunicación, controlados de iure o de facto casi exclusivamente por el Estado, han contribuido significativamente a la propaganda interna, justificando la agresión y las atrocidades contra los ucranianos.
Hacia el final de la presidencia de Joe Biden, el apoyo público a Ucrania se había erosionado y polarizado. Inmediatamente después de asumir el cargo, el presidente Donald Trump comenzó a dar marcha atrás en la política exterior estadounidense destinada a contener y rebatir la agresión de Rusia. En febrero, el presidente Trump culpó a Ucrania de iniciar la guerra y acusó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy de ser un dictador. En marzo, Estados Unidos detuvo toda la ayuda militar a Ucrania hasta que los negociadores ucranianos acordaran un alto al fuego de 30 días; suspendió los esfuerzos de las agencias de seguridad nacional estadounidenses para contrarrestar la desinformación rusa; y eliminó la financiación de un programa que rastreaba a los niños ucranianos secuestrados y deportados a Rusia y Bielorrusia, lo que suscitó la preocupación de que pruebas cruciales de estos presuntos crímenes de guerra pudieran haberse visto comprometidas. Días después, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, repitió las falsas afirmaciones de Moscú de que las votaciones populares han demostrado que los ucranianos de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia quieren unirse a la Federación Rusa, ignorando el hecho de que los llamados referendos han sido condenados y rechazados por la comunidad internacional debido a su falta de independencia, garantías y transparencia.
No se puede subestimar el impacto de estos acontecimientos. El dramático declive de las normas democráticas en todo el mundo ha echado leña al fuego encendido por la transformación digital en curso, y ambos han hecho más difícil establecer narrativas legítimas que sean compartidas dentro y a través de las sociedades.
El derecho a la verdad es un principio básico de la justicia transicional, y las víctimas no pueden recibir una reparación significativa sin esta. En los últimos años, el ICTJ ha convertido en una prioridad estratégica garantizar que este campo pueda responder a los desafíos contemporáneos al valor social de la verdad, incluida la proliferación de la desinformación a través de las nuevas tecnologías de la comunicación. A estas alturas, no cabe duda de que la revelación de la verdad debe ser un elemento sustancial del proceso de justicia transicional en Ucrania. Si, por ejemplo, Rusia devuelve a los niños ucranianos secuestrados como parte de las actuales negociaciones de paz, habrá que desmantelar por completo las falsas narrativas utilizadas por sus secuestradores para adoctrinarlos. Contrarrestar estas narrativas no sólo es valioso para los ucranianos. También es crucial para impulsar cualquier transformación democrática en Rusia y para establecer una comprensión más matizada de la historia de Europa Central y Oriental.
Lograr una paz sostenible y justa en Ucrania exigirá que los actores políticos mundiales redoblen sus esfuerzos para contrarrestar la retórica rusa. El objetivo último de Rusia es poner en duda la idea de que Ucrania es un país independiente. Independientemente de cómo termine el conflicto y de las condiciones que Ucrania se vea obligada a aceptar en las negociaciones en curso, es vital garantizar que las falsas narrativas de Rusia no se legitimen aún más. Para establecer una imagen lo más precisa posible, los esfuerzos por contar la verdad a todos los niveles deben elevar el trabajo incansable de los actores de la sociedad civil ucraniana para documentar los crímenes y difundir testimonios de primera mano de las víctimas y muchas otras formas de pruebas. Con el apoyo de los actores políticos globales, los relatos de las víctimas -y la verdad- tienen una oportunidad de prevalecer.
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FOTO: Militares de las fuerzas armadas, la guardia nacional, la patrulla fronteriza y la policía ucranianas regresan a casa en un intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia el 14 de septiembre de 2024. (Oficina del Presidente de Ucrania)
