Con mucha expectativa se han recibido dos pasos cruciales para el proceso de justicia transicional de Gambia: el primero, la creación de la Comisión de Reparaciones en abril de 2025; el segundo, el reciente nombramiento del abogado británico Martin Hackett en abril de 2026 como primer fiscal especial de Gambia para los abusos contra los derechos humanos cometidos durante los 22 años de gobierno del exdictador Yahya Jammeh. Para las víctimas, esto indica que las autoridades finalmente darán pasos para transformar las conclusiones de la Comisión de la Verdad, Reconciliación y Reparación (CVRR) en acciones concretas. Sin embargo, para lograrlo requieren un apoyo público, político y financiero sostenido, tanto en Gambia como a nivel internacional.
El pueblo gambiano, en particular las víctimas, merece justicia, sanación y una paz duradera, y sería un fracaso lamentable que el proceso establecido para lograrlas no recibiera el apoyo amplio que necesita para las próximas etapas. En 2017, los gambianos derrocaron valientemente a Jammeh y lo obligaron al exilio. Poco después, el nuevo gobierno puso en marcha un proceso integral de justicia transicional que hoy se considera uno de los más innovadores y prometedores que ha visto el continente africano. Este proceso, que incluyó a la Comisión de la Verdad, Reconciliación y Reparación (CVRR), se ha caracterizado por una notable participación ciudadana, la inclusión de los miembros de la diáspora, el uso estratégico de las nuevas tecnologías de la información y la capacidad de adaptación a las realidades locales.
Por su parte, la CVRR incorporó las reparaciones a su mandato. Al presentar su informe final en 2021, la comisión recomendó reparaciones para las víctimas, el enjuiciamiento de decenas de personas vinculadas a graves violaciones de derechos humanos y medidas de justicia restaurativa. Tras la disolución de la CVRR, el país creó una unidad posterior encargada de coordinar la implementación de las recomendaciones y designó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos como organismo de supervisión.
Es evidente que Gambia ya ha alcanzado logros sumamente significativos a lo largo del proceso, tales como documentar las violaciones y sentar las bases para la persecución penal, las reparaciones y las garantías de no repetición. Sin embargo, el país se encuentra en un momento crucial. El siguiente paso consiste en determinar si el Estado puede mantener la voluntad política, la disciplina institucional y el apoyo financiero necesarios para impartir justicia en la práctica.
Es importante reconocer que el país sigue dependiendo en gran medida de la ayuda internacional para sostener su proceso de justicia transicional a largo plazo. La drástica reducción de dicha ayuda a partir de enero de 2025 y el cambio global en las prioridades de desarrollo internacional en general representan una seria amenaza para el éxito de este proceso.
Mientras tanto, las víctimas y los supervivientes se han sentido cada vez más frustrados por la lentitud general del proceso, las reformas legales y las negociaciones políticas. Su desesperación es comprensible: la demora en la justicia puede agravar el trauma, debilitar la confianza pública y contribuir a la percepción de que los líderes políticos tienen poco interés en rendir cuentas.
Durante años, las víctimas han soportado el peso del proceso nacional y no pueden seguir esperando. Hoy sufren de agotamiento. A principios de 2026, el ICTJ realizó un ejercicio de seguimiento con las víctimas, que reveló signos de fatiga relacionados con el agotamiento emocional, cognitivo y físico; decepción con el proceso; y desvinculación del mismo. Entre las causas identificadas de la fatiga se encuentran los largos periodos de espera, la brecha entre las expectativas y los resultados reales, y la pérdida de confianza en las instituciones.
Entre los países que han emprendido un proceso nacional de justicia transicional, Gambia sigue siendo uno de los pocos que ha logrado avances sustanciales en la implementación de las recomendaciones de una comisión de la verdad. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Los actores estatales, los políticos y las organizaciones de la sociedad civil en Gambia, así como los líderes y donantes internacionales en materia de justicia, deben seguir impulsando el proceso. Abandonarlo ahora sería traicionar su compromiso con los derechos humanos y su promesa a las víctimas que han abogado incansablemente por la justicia y la reparación, así como a todos los gambianos que buscan la reconciliación y una paz duradera.
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FOTO: El fiscal especial Martin Hackett, con representantes de la Comisión de Reparaciones a su izquierda, interviene en una asamblea pública organizada por el ICTJ en Birkama, Gambia, en mayo de 2026. (ICTJ)
