La emisión de las primeras sentencias por la JEP marca un punto de inflexión en la justicia transicional del país. Son condenas históricas contra los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Constituyen en sí mismas la materialización de la justicia y expresan un reproche tanto judicial como moral por las atrocidades cometidas.
Las sentencias de la JEP, así como la comparecencia sostenida de los responsables durante los últimos ocho años, son una expresión concreta de la implementación y compromiso con el Acuerdo de Paz de 2016.
Las sanciones propias impuestas por la JEP comprenden dos dimensiones: proyectos restaurativos y un componente de restricciones efectivas de libertades y derechos que requieren el compromiso sólido de todas las entidades del Estado para que se cumplan de manera pronta y efectiva.
Los proyectos restaurativos deben financiarse y ejecutarse con un respaldo institucional sin precedentes. Se trata de un compromiso institucional novedoso que ningún otro tribunal nacional, internacional o híbrido ha asumido. Su implementación pondrá a prueba esas capacidades y será decisiva para que las sentencias trasciendan lo meramente simbólico y se traduzcan en acciones de contribución a la restauración y la reparación de las víctimas, en seguridad jurídica de los condenados y en garantías de no repetición.
La JEP es hoy un referente para la comunidad internacional por su capacidad de ofrecer experiencias novedosas en torno a un mecanismo de justicia que posibilite soluciones negociadas a conflictos armados, garantizando justicia y centralidad de las víctimas.
En un mundo donde los conflictos armados persisten, Colombia sigue siendo un faro que alumbra un horizonte de justicia y humanismo al que no debemos renunciar.
FOTO: Antiguos miembros del último secretariado de las antiguas FARC-EP comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz durante la audiencia de reconocimiento del Caso 001 celebrada en junio de 2022.
