Siete años después de su aprobación, la ley colombiana de Justicia y Paz, el ambicioso proyecto para desmovilizar a los grupos armados ilegales, se encuentra inmersa en una crisis. El hecho de contar únicamente con siete condenas, la mayoría de las cuales han sido apeladas y solo una ...

Con la presencia de miembros de la Fiscalía General de la Nación, el tribunal de Justicia y Paz, organizaciones de defensores de derechos humanos de Bogotá, Santander, Atlántico, entre otros, se desarrolló el evento Retos y oportunidades de la reforma de la ley de Justicia y Paz, el 14 de mayo en Bogotá.

Dentro del marco del Foro Permanente de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que tiene lugar estos días en Nueva York, el ICTJ reunió a varios representantes de comunidades indígenas latinoamericanas en un evento para debatir sobre el aporte de las comisiones de la verdad a la hora de develar las violaciones de derechos humanos sufridas por estas comunidades.

La ley de víctimas les dio voz y fecha: el Congreso las recibirá cada año para escucharlas y solidarizarse con su sufrimiento, en nombre de toda la sociedad. Otros actos oficiales dan fe del cambio de clima y de actitud con respecto a las víctimas. Pero efectos concretos, todavía no se ven, escribe María Camila Moreno, directora del Programa Colombia del ICTJ.

El 9 de abril, Colombia conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. La ley de víctimas estableció este día para que el Estado colombiano realice “eventos de memoria y de reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas”. Hoy, cuando Colombia empieza a pensar en el significado de este día nacional, algunas víctimas y organizaciones sociales consideran que éste es un llamado a la movilización de la sociedad, un día para que las víctimas sean escuchadas, para obtener respuestas del Estado y para crear acercamientos en una sociedad altamente dividida.

Más allá de los autores materiales, habría que castigar a los que dieron las órdenes y aún -detrás de ellos- a los “autores de escritorio”, que movieron los hilos de estas empresas criminales. Gracias a los avances en el derecho penal internacional, Justicia y Paz podría coordinarse mejor con la Justicia Penal Ordinaria".

La búsqueda de la justicia en Guatemala sigue adelante, tras más de 15 años desde el fin de una larga y sangrienta guerra civil. El ICTJ entrevistó a Claudia Paz, fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala, para hablar sobre la lucha de víctimas y sobrevivientes para obtener justicia por los crímenes padecidos.

En una austera caseta de madera y techo de paja que huele a tierra, a veces a carcajadas y a veces ahogadas en llanto, las mujeres, las jóvenes y alguno que otro hombre relatan ante un micrófono cómo eran sus vidas antes del desplazamiento forzado a San Juan Nepomuceno, un pequeño pueblo de Los...

En las últimas décadas ha tenido lugar una revolución global de lucha contra la impunidad, pero incluso para aquellos que seguimos de cerca el esfuerzo por hacer justicia en Guatemala esta decisión es uno de sus mayores e inesperados hitos. Tarde, pero con valentía, una nueva generación de fiscales, liderados por la fiscal general Claudia Paz, ha conseguido que las demandas de justicia de las víctimas sean por fin escuchadas.

Un análisis sobre la necesidad de que ambas instancias coexistan en Colombia, para garantizar que las reparaciones sean efectivas y se extiendan al universo enorme de las de víctimas del conflicto armado.